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El siguiente párrafo, firmado por Mauricio Rojas, presenta dos sistemas sanitarios alternativos al español. En Holanda, la financiación y la prestación de servicios es de gestión privada; en Suecia, un modelo de cheque sanitario articula también un sistema en el que la gestión privada tiene un peso muy importante.
Holanda es el país que encabeza el ránking europeo de excelencia global sanitaria del prestigioso Health Consumer Powerhouse (2012); España se encuentra en un triste 24º puesto, de 34. En Holanda, tanto la financiación (cajas aseguradoras) como la prestación de servicios es de gestión privada. Lo que el Estado hace es regular y controlar, dejando que el resto lo hagan profesionales (incluyendo, por cierto, empresas con ánimo de lucro). En Suecia, país líder en cuanto a resultados médicos y que en 2010 gastaba en sanidad el mismo porcentaje del PIB que España (9,6%), no solo se acepta sino que se fomenta una amplia gestión privada tanto en la atención primaria como en la especializada, sin excluir entidades con ánimo de lucro, que son las más comunes y las que más dinamismo han dado al sector sanitario sueco (Capio, que es una empresa de origen sueco, es el mejor ejemplo de ello). El Estado garantiza el acceso universal e igualitario a la sanidad, que por otro lado financia, regula y controla.
En España, sacar adelante estas reformas cuenta con la oposición frontal de los funcionarios de la sanidad. Sobre este punto, Rojas recuerda lo siguiente:
En ninguno de estos dos países líderes existen funcionarios públicos (y menos de esos vitalicios que tenemos en España) involucrados en la prestación de servicios sanitarios. En Suecia, los empleados del sector sanitario público son trabajadores como todos los demás, regidos por las mismas leyes; lo mismo ocurre en muchos otros países con una sanidad de cobertura universal y alta calidad, como los demás de Escandinavia, Alemania, Suiza y el Reino Unido. En estos países la categoría de funcionario está reservada a quienes desempeñan las funciones privativas del Estado; no son funcionarios ni los profesores, ni los médicos, ni las enfermeras ni los trabajadores sociales, por poner ejemplos bien relevantes.
Sobre este segundo punto, les recomiendo mis reflexiones sobre el funcionariado público español en el siglo XXI. En relación al primer párrafo, y al hilo de la situación política madrileña, les recomiendo esta colección de enlaces que desmonta las tesis de quienes piden una estatización completa del sector.